BUENOS AIRES, ARGENTINA. — A través de un decreto que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial, el presidente de Argentina, Javier Milei, decidió disponer la intervención por 180 días del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), ente descentralizado que había quedado dentro de la Jefatura de Gabinetes. El objetivo de esta intervención es desregular al sector a través de la revisión del impacto del DNU 690, análisis de las regulaciones vigentes y del estado del Fondo del Servicio Universal.
Se designó a Juan Martín Ozores como el interventor. Además, se nombraron dos interventores adjuntos: Patricia Roldán, abogada especialista en telecomunicaciones con carrera en el área jurídica del Enacom; y Alejandro Pereyra, exdirector del Enacom entre 2016 y 2019. Como principal labor tendrán que elaborar y elevar a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, a cargo de Alejandro Cosentino, un informe de estado de situación del ente regulador.
Entre los considerandos menciona el Decreto 70/23 (el primer decreto que lanzó Milei), donde se establece la desregulación de la economía y se declara la emergencia pública en materia económica, financiera y fiscal. En consonancia con los lineamientos expresados por dicha norma –dice el texto– resulta necesario tomar las medidas para afianzar el proceso de desregulación iniciado en el sector.
El decreto de intervención dice que “a partir de 2020 se han verificado importantes decisiones adoptadas por el Enacom, que implicarían abiertos incumplimientos de las disposiciones legales vigentes” y que dichas decisiones –se refiere principalmente al DNU 690 que impuso el control tarifario– han motivado numerosos conflictos judiciales, así como el dictado de medidas contrarias a los actos administrativos emitidos, que deben ser adecuadamente estudiadas y, en su caso, revisadas. Justifica, por eso, que resulta procedente designar a un interventor.
Entre las tareas que tendrá el interventor están:
Analizar las implicancias devenidas en el mercado de las TIC a partir del dictado del DNU 690 y los actos administrativos de aplicación surgidos como consecuencia de esta norma.
Realizar un exhaustivo análisis de las regulaciones vigentes, evaluando si las mismas devinieron obsoletas o si, por su contenido, demoran y dificultan el avance tecnológico, proponiendo, en su caso, las acciones necesarias para su actualización.
Determinar y planificar acciones tendientes a la actualización de la normativa fundamental de los servicios de TIC y de los servicios audiovisuales con el objetivo de propender a la eficiencia, calidad y universalización de acceso a los servicios.
Un relevamiento y evaluación de la estructura organizativa del regulador a efectos de propiciar su reorganización funcional y operativa, que simplifique procesos.
Redefinir los programas y el alcance de los proyectos sobre el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) y del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca).
Las tramitaciones pendientes relacionadas con las asignaciones de recursos, autorizaciones radioeléctricas, licencias y registros deberán ser puestas al día.
Determinar y redefinir la tramitación de expedientes en cuanto a transferencias, multas, régimen del reglamento de clientes, tasas, etc.
PUBLICADO EL 27 ENERO DE 2024/ Con información Paula Bertolini)