CIUDAD DE MÉXICO. MX. — “Grupo México rechaza vínculo de sus operaciones mineras con monitoreos de calidad del agua en el Río Sonora”, aseguró la compañía pese al desastre provocado en los ríos Sonora y Bacanuchi por la expulsión de residuos tóxicos que afectó a al menos 24 mil personas en 2014.
La empresa minera, propiedad del millonario Germán Larrea, derramó residuos en el Río Sonora de la minera Buenavista del Cobre hace seis años y dejó afectaciones físicas en las personas que habitan las comunidades que acompañan a ambos caudales. Sin embargo, en un comunicado la compañía aseguró que se trata de un proceso natural que “inició hace al menos 12 millones de años“, de acuerdo con un oficio citado de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
“La Cofepris está en lo correcto. Debido a la geología de la zona, el agua del Río Sonora contiene ancestralmente metales pesados. De acuerdo con geólogos y especialistas, la mineralización del Río Sonora inició hace al menos 12 millones de años y las aguas de lluvia que recibe de las montañas acarrean partículas de roca con minerales”, aseguró la minera.
En 2019, un mes antes del aniversario del derrame en el Río Sonora, se dio a conocer que la Terminal Marítima de Guaymas, filial de Grupo México, contaminó parte del Mar de Cortés con ácido sulfúrico. Pero las irregularidades de la empresa se remontan hasta el accidente en la mina Pasta de Conchos en 2006 y, hasta ahora, la compañía propiedad de Germán Larrea no ha sido sancionada fuertemente.
Con ese antecedente, Grupo México pudo asegurar que los metales contenidos en la solución acidulada de cobre que se derramaron en 2014 “fueron recuperados en su totalidad durante los meses posteriores al evento”.
“Los metales, contaminantes y microorganismos observados en los monitoreos de la Cofepris, que rebasan los parámetros establecidos en la Norma Oficial Mexicana (NOM), no están relacionados con la actividad minera que Grupo México realiza en la región”, estableció en el documento y finalizó asegurando que “en general, el agua de los ríos en México y en el mundo requiere de algún tratamiento para ser potable”.
Las declaraciones de la minera contravienen la determinación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dictó una sentencia, el 15 de enero de 2020, sobre una de las tres solicitudes de amparo para reabrir el Fideicomiso Río Sonora, interpuesto por las comunidades afectadas por el derrame de sustancias tóxicas de la mina Buenavista del Cobre en 2014, que de acuerdo con la organización PODER reconoció, por unanimidad, que la reparación del daño que hizo la minera de Germán Larrea Mota Velasco “no fue adecuada”.
Derrame en el Río Sonora
El 6 de agosto de 2014, México sufrió un desastre ambiental por un derrame minero. Fallas en las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre, perteneciente a la empresa Grupo México, en Cananea, Sonora, dedicada a la extracción de cobre y molibdeno, ocasionó el derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado (CuSO4) en el Arroyo Tinajas, fluyendo desde los ríos Bacanuchi y Sonora hasta la presa Molinito, que surte de agua a la ciudad de Hermosillo.
El derrame causó la afectación de cuatro cuerpos de agua y según datos de la Cofepris, en términos sociales y económicos implicó pérdidas para los agricultores de la cuenca y daños en la salud de 270 personas.
Las concentraciones de cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, hierro, manganeso y plomo encontrados a lo largo de los ríos rebasaron los límites establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 (modificación publicada en el DOF el 22/11/2000), así como en el estado de la calidad del agua del río previo al derrame.
Las medidas de restricción fueron que la población no utilizara agua del río, así como de los 322 pozos y norias (125 de uso agrícola; 80 pecuario; 72 de urbano-agua potable y 45 de diversos usos) ubicadas a 500 metros de cada margen del río.
El 11 de agosto se dio alerta de que el Río Sonora tenía un tono naranja debido al derrame de 40 mil litros cúbicos de químicos tóxicos provenientes de una fuga en la región minera de Cananea, concesionada al consorcio minero Grupo México. Foto: Jesús Ballestero Expreso, Cuartoscuro.
Para resarcir los daños, Grupo México y el Gobierno federal, encabezado entonces por Enrique Peña Nieto, crearon el Fideicomiso Río Sonora, un mecanismo privado de 2 mil millones de pesos, del que solo se gastó el 61 por ciento de los recursos prometidos (mil 231 millones de pesos) hasta su cierre en febrero de 2017 por decisión unilateral sin considerar a los afectados, planteó la organización PODER.
El monto del Fideicomiso destinado para atender las afectaciones en salud de las personas fue de 7 millones 805 mil 010 pesos (10 por ciento del total del rubro en salud), frente a los 32 millones 415 mil 798 pesos destinados en comunicación social como spots proyectados en Cinemex, propiedad de Germán Larrea, sobre la supuesta remediación de los daños en los ríos de Sonora.
El 90 por ciento restante del rubro de salud (71 millones 080 mil 280 pesos) se gastó en “Acciones de atención y seguimiento médico en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS)”, ubicada en Ures, cuya operación estuvo en riesgo. El Fideicomiso también se comprometió a construir un Centro de Salud que operaría de 2015 hasta 2019. Pero quedó en obra negra.
Víctimas con cáncer y daño renal
Martha Patricia, habitante de Baviácora, Sonora, tiene plomo en la sangre, toma seis medicamentos y la atienden tres médicos especialistas luego del derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi de Buenavista del Cobre, de Grupo México, la minera más grande del país propiedad de Germán Larrea Mota Velasco.
De acuerdo con los Comités de la Cuenca del Río Sonora y PODER, siguen manifestaciones de enfermedades del aparato digestivo y respiratorio, de la piel y la boca, renales, cardiovasculares, neurológicas y cáncer.
Los metales pesados que traían el derrame son bioacumulables, por lo que las consecuencias por consumirlos por medio de agua contaminada pueden tardar meses o años en aparecer, por lo que PODER pide a las autoridades seguir monitoreando y atendiendo las afectaciones a la salud que irán creciendo con el tiempo.
Sin embargo el 6 de agosto de 2019, al cumplirse cinco años del peor desastre ambiental de la industria minera, expiró el periodo de operación de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental de Sonora (UVEAS), ubicada en el municipio Ures, la única clínica que atiende a los 381 afectados (nueve ya fallecieron), un un convenio firmado en septiembre de 2014 entre las compañías Buenavista del Cobre y Operadora de Minas, y la Cofepris dirigida entonces por Julio Sánchez y Tepoz, de acuerdo con un documento que se dio a conocer.
“El Gobierno federal de Enrique Peña Nieto nos dio un golpe mortal a todos los afectados en la salud. La atención médica ya estaba pactada para 15 años por la autoridad y sin fundamento ni motivos hicieron este convenio de cierre de UVEAS, del cual nosotros no fuimos notificados, para el 6 de agosto de este año. Es nuestro regalo de aniversario”, aseguró Martha Patricia, de 61 años, una de las 381 víctimas reconocidas de los 22 mil afectados documentados por la organización PODER en los municipios Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures, dedicados a la actividad agropecuaria.
Sus dos nietos, entonces de 7 y 11 años, tuvieron que irse desde noviembre de 2014 a vivir a Estados Unidos para alejarse de la fuente contaminante por el exceso de aluminio en su sangre detectado por un toxicólogo.
“Si cerraran la UVEAS, tendría que pagar mis medicamentos y consultas. Me perjudica muchísimo, porque ahorita estoy recibiendo de ellos la atención sin costo como afectada. Pero con el cierre, todo ese gasto se me vendría en mí”, previó sobre lo acordado por las minas del segundo empresario más rico del país.
A raíz de las enfermedades y activismo derivado del derrame de tóxicos, Martha Patricia dejó de trabajar y se mantiene vendiendo galletas y empanadas. Un estudio para monitoreo y detección de algún metal pesado, ejemplificó, cuesta 5 mil pesos.
“Yo no tenía esa problemática de salud ni económica. Moralmente también te perjudica. Yo no puedo ver a mis nietos con la regularidad que yo quisiera, pero no me voy porque no me gusta la vida de allá [Estados Unidos]; a mí me gusta la vida aquí en el pueblo. No la cambiaría yo por nada”, dijo.
(Publicada el 27/11/2020 /Sin Embargo)